Os adjuntamos el enlace a la página de Ecologistas en
Acción, en la que podéis firmar para pedir la retirada de la propuesta de Ley
de Viviendas Rurales Sostenibles:
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está tramitando una
nueva ley para permitir construir viviendas y urbanizaciones en el suelo
protegido de toda la región. Las parcelas deberán tener 5 ha de superficie para
suelos protegidos por el planeamiento y 10 ha para los que tengan protección
sectorial.
En ambos casos se permitirá edificar un 1% de la
superficie de la parcela, dando como resultado viviendas de 500 a 1000 m2 de
superficie en una sola planta.
Esto quiere decir que se podrán edificar viviendas
aisladas y urbanizaciones formadas por grandes fincas en espacios protegidos,
montes preservados, humedales, embalses, dehesas, etc. Estas viviendas se
encontrarán en situaciones poco controlables y serán de tal tamaño que será
prácticamente imposible comprobar los usos que alojan ni su subdivisón o
ampliación fraudulenta, de forma que se producirá una degradación irreversible
del territorio.
Por poner un ejemplo, en el Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas de extensión de las cuales el 65% son
de titularidad privada, se podrían construir 3.431 viviendas de 1000 m2 de
planta cada una, pudiendo hacerse una o varias urbanizaciones dentro del propio
Parque Regional con accesos restringidos, donde difícilmente se podrá controlar
la protección real del entorno. La nueva ley de viviendas rurales sostenibles
como se denomina, en un claro ejercicio de demagogia, se justifica en un
impacto beneficioso para la economía madrileña y en el convencimiento de que
existe una gran demanda de este tipo de viviendas
Con estos argumentos tan manipuladores, este anteproyecto
de ley plantea un “todo vale” en suelos protegido y supone una amenaza para el
medio natural, dado que facilita la urbanización de suelos rurales con
protección, convirtiendo el urbanismo, en la Comunidad de Madrid, en una
disciplina laxa sin herramienta alguna para proteger el interés general, ni
controlar la dispersión urbana o el consumo irracional del suelo.
Pide a Esperanza Aguirre y a la Consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio que detengan esta nueva Ley.
Agradecimientos por la información a: Agustín Hernández Aja
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