Autor: Jaime Prats.
Alba González, de 26 años, prepara una tesis doctoral en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia sobre la encefalopatía hepática (una enfermedad neurológica). Percibe una beca de 980 euros que apenas le permite llegar a final de mes.
La crisis ha ahondado los problemas de precariedad que tradicionalmente han acompañado a los investigadores españoles. Las ayudas, que nunca han sido generosas, se retrasan, se recortan o se suspenden. La posibilidad de consolidar una carrera investigadora es cada vez más remota. Y no parece que la recién estrenada Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en mayo de 2011, pueda revertir la situación. La norma nació con un claro objetivo que recoge desde su primer artículo: “Fomentar la investigación científica y técnica” como factor esencial para impulsar la competitividad y la sociedad basada en el conocimiento, creando “un entorno económico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovación”.
Sin embargo, las principales asociaciones de investigadores sostienen que todo son obstáculos para alcanzar la ansiada nueva sociedad del conocimiento que debería sentar las bases del desarrollo futuro de España. Primero fue la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, degradó el departamento y lo convirtió en la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, enmarcada en el Ministerio de Economía y Competitividad. Luego llegó el anuncio a principios de legislatura de un recorte de 600 millones de euros que, según los últimos datos del Ministerio, serán 742 millones (531 en subvenciones y 211 en préstamos). Ello supone un recorte del 8,65% respecto a 2011. Esta medida “será una bomba letal para el sistema de I+D+i en España”. Puede dañar “a corto y a largo plazo el ya muy debilitado sistema de investigación español y contribuiría a su colapso”. Con este dramatismo se manifestaron la Confederación de Sociedades Científicas de España, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI)-Precarios y la Plataforma Investigación Digna, en una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno que cuenta ya con más de 36.000 adhesiones (23.000 científicos de 80 países, entre ellos seis premios Nobel). ´
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